Buscar este blog

lunes, 22 de noviembre de 2010

Declaran patrimonio cultural a seis monumentos arqueológicos de cuatro regiones

Lima, nov. 22 (ANDINA). Seis monumentos arqueológicos ubicados en los departamentos de Piura, La Libertad, Ayacucho y Cusco fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura.
En primer lugar figura el yacimiento paleontológico Pampa Rampal, ubicado en el distrito de La Huaca, en la provincia de Paita, en Piura.
Igualmente figuran los caminos prehispánicos Culluchugo y Pampa Hermosa, situados en el distrito de Usquil, en la provincia liberteña de Otuzco.
También recibió la denominación el camino prehispánico Huaranchal, ubicado en el distrito del mismo nombre en la provincia de Otuzco.
En el distrito de Accomarca, provincia de Vilcas Huamán, en Ayacucho, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el sitio arqueológico Erapata.
Asimismo, figura la zona arqueológica Puykapukara, en el distrito de Marcapata, en la provincia cusqueña de Quispicanchi.
Los reconocimientos fueron establecidos a través de resoluciones viceministeriales del Ministerio de Cultura publicadas hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Precisan que cualquier proyecto de obra nueva, caminos, carreteras, denuncios mineros o agropecuarios u otros que pudiesen afectar o alterar el paisaje deberán contar con aprobación del Ministerio de Cultura. LTO/JOT

Agencia Nacional de Noticias ANDINA.
En: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=0j1HLHodxyY=

lunes, 8 de noviembre de 2010

Cayaltí: La masacre de 1950 no quedó en el olvido

Por Nivardo Córdova Salinas, periodista.
nivardo.cordova@gmail.com
Nota del editor: Este reportaje de investigación se inspiró, además de las fuentes familiares, en el artículo del economista peruano Silvio Rendón.
- Además ha sido publicado en: Semanario Expresión Nº 690, Chiclayo, del 5 al 11 de noviembre del 2010- Ha sido citado por la destacada periodista peruana Susana Grados en su informe"Azúcar con sangre y amargura", que fue publicado en"Línea", suplemento del diario "La Primera". Lima, domingo 30 de enero de 2001.
- Ha sido Reimpreso en forma de folleto por  Rimactampu / Ediciones Urgentes. Lima, 18 de febrero de 2011.
- Ha sido recitado por Silvio Rendón en su blog  "Combitos".

Hace sesenta años, en el mes de noviembre de 1950, por lo menos 120 trabajadores de la hacienda Cayaltí fueron “ejecutados extraoficialmente” –léase: asesinados– por las fuerzas del orden debido a una protesta laboral, y luego fueron enterrados en una fosa clandestina en el cerro La Guitarra, en Mocupe. ¿Habrá comisión de la verdad y museo de la memoria para estos cayaltileños victimados?
El silencio oficial sobre aquel genocidio jamás pudo contra la tradición oral de los viejos cayaltileños que guardaron memoria de este crimen de lesa humanidad. La verdad ha salido a flote y desde hace algunos años este hecho histórico es analizado y estudiado en monografías y tesis doctorales hechas por investigadores sociales del Perú e incluso los Estados Unidos, lo que nos permite ahora realizar la difusión periodística.
Respecto a la “masacre de Cayaltí”, a nivel personal la primera versión que a la que tuve acceso fue durante mi infancia, cuando mi abuela, doña Aurora Balarezo viuda de Salinas, me relató que “aquí en Cayaltí hubo hace muchos años, cuando tú todavía no nacías, una matanza terrible, murieron muchos obreros y se los llevaron arrumados en camiones a enterrarlos no se sabe dónde”.
La breve narración, que despertó desde entonces mi curiosidad, en años posteriores fue reforzada por otros familiares cayaltileños que más o menos repetían la misma versión: una masacre de trabajadores y el temor de decirlo en voz alta.
En honor a la verdad y en mérito a que dicho genocidio ya ha sido relatado en varios libros y monografías históricas publicadas en versión impresa y también en Internet, como periodista –y también como cayaltileño– creo que es nuestro deber divulgar lo que ya está publicado, citando las fuentes consultadas.
Silvio Rendón, economista peruano radicado en Nueva York, el pasado 13 de octubre de 2010  publicó en la página web Gran Combo Club –un sitio que publica artículos y opiniones singulares- su investigación titulada “1950: La masacre de Cayaltí” (http://grancomboclub.com/2010/10/1950-la-masacre-de-cayalti.html)
Para mayor rigor histórico y la objetivad, Rendón ha citado textualmente en su escrito tres fuentes bibliográficas: “La oligarquía peruana: historia de tres familias” de Denis Gilbert (Lima, Editorial Horizonte, 1982); “Cayaltí: The formation of a Rural Proletariat on a Peruvian Sugar Plantation. 1875-1933″ (“Cayaltí: la formación del proletariado rural en una plantación azucarera peruana” 1875-1933”) de Michael Gonzáles, (Tesis doctoral, Universidad de California, Berkeley, 1978) e “Historia del Sindicato de Cayaltí” de Orlando Plaza (Tesis de Bachillerato, Pontifica Universidad Católica del Perú, 1971). Estas dos últimas publicaciones han sido citadas por Gilbert.
Los hechos cruentos concernientes a la matanza, según Rendón, se desencadenaron debido a que “en noviembre de 1950 los trabajadores de la hacienda se declararon en huelga por reclamos salariales y fueron reprimidos por la policía con un saldo de por lo menos 120 trabajadores muertos”. El episodio lo relata Gilbert (1982: 140), de esta manera: “Se generó una situación tensa cuando los trabajadores se declararon en huelga y los administradores de la hacienda llamaron más efectivos para reforzar el puesto de la Guardia Civil de Cayaltí”.
En la versión de Plaza encontramos: “Una confrontación inicial entre la policía y los trabajadores dejó como saldo un trabajador muerto. A ello siguieron una serie de arrestos. Singularmente, los huelguistas estaban al borde de capitular, cuando se produjo otro incidente más serio. Esta vez la policía no sólo abrió fuego contra un grupo de trabajadores reunidos en el puesto de la Guardia Civil, sino que los persiguió a través del pueblo, disparando salvajemente contra los trabajadores que intentaban escapar. Por lo menos murieron 120 (Plaza 1971: 10). Numerosos trabajadores huyeron hacia sus hogares en la sierra. Se prendió fuego a los campos de caña”.
Tanto Gilbert como Plaza apuntan a un genocidio sin precedentes en Lambayeque. “Esa noche -recordó un obrero años después- mataron a cientos. Luego, en camiones de la empresa los recogían y muertos y heridos fueron transportados frente al cerro ‘La Guitarra’ donde se había cavado una zanja y ahí fueron arrojados”. Según este hombre, un amigo suyo manejó uno de los camiones y “se enfermó de lo visto, que nunca curó hasta que murió” (Plaza 1971: 11).
Una vez consumada la matanza, el silencio oficial cubrió todo con un manto de sombra. En su artículo, Rendón anota lo siguiente: “La Empresa [hacienda Cayaltí] tuvo apoyo de todos los organismos. Se amenazaba a la gente que reclamaba con botarla o fusilarla; los policías llevaban a los cabecillas y no se sabía más. Sólo se oía el llanto de muchas señoras, hijas, esposas, preguntando por sus seres queridos. Quedó una cosa como el terremoto: sin sentido. Había calma, pero sí había ese rencor” (Plaza 1971: 10).
Otras versiones recogidas por los autores citados, aseguran que “en determinado momento se llevaron tropas de la Fuerza Aérea de una base cercana. La relación no deja claro el papel exacto que desempeñaron en estos acontecimientos”.
En su análisis y opinión Rendón es implacable: “Ahí quedó la cosa. No hubo `comisión de la verdad´, ´comisión investigadora´, ´defensoría del pueblo´, responsabilidad ´política´ o ´penal´, debate en el congreso, condena de la prensa (no había congreso en los tiempos de Odría y la prensa era de la oligarquía). Y tampoco hubo ´museo de la memoria´ ni nada por el estilo. Sólo la tradición oral de los familiares y compañeros de los obreros muertos. Sin embargo, cuando llegó la reforma agraria en 1970 Cayaltí era la hacienda con peores relaciones laborales que cualquier hacienda azucarera del departamento. La bronca se había embalsado no sólo desde los cincuentas, sino desde antes”.
Lo cierto es que este hecho, aunque quiso ser silenciado, permaneció en la memoria colectiva de Cayaltí. Lamentablemente no existe una relación de las personas que “desaparecieron” y lo más probable es que jamás se redactó un acta o informe policial. Presumo que en los archivos de la antigua hacienda tampoco hay rastros.
LA HACIENDA CAYALTÍ Y LA FAMILIA ASPÍLLAGA
Con el respeto que merece la honra de las personas, incluso la memoria de los fallecidos, tanto victimas como victimarios y autores intelectuales (este reportaje no pretende satanizar a nadie, pues creemos que justicia no es venganza), la verdad histórica es que los dueños de Cayaltí fueron hacendados integrantes de la familia Aspíllaga. Por versiones orales que he recogido en la zona, “los Aspíllaga eran personas disciplinadas y exigentes en el aspecto laboral, pero a la vez generosas con sus trabajadores; fueron muy buenos administradores y Cayaltí llegó a ser una de las haciendas más prósperas del Perú porque ellos supieron trabajar bien y darle bien trato a los obreros. Si no ¿por qué después que el general Velasco les expropió Cayaltí la cooperativa quebró?” (entrevista personal).
Muchos cayaltileños hablan de bonanza, buena época, bienestar de los trabajadores y sus familias hasta antes de 1970, en que se decretó la llamada “reforma agraria” y se entregó la hacienda a los campesinos bajo el sistema de cooperativismo, que años después fracasó al punto que hasta ahora “Cayaltí no es ni la sombra de lo que fue”.
Sin embargo, los historiadores citados en este reportaje tienen una visión más crítica sobre la familia Aspíllaga (no toda la familia, obviamente, sino quienes fueron “patrones”): “La empresa de los Aspíllaga tenía una larga tradición de maltrato a los trabajadores, que quedaba siempre impune debido a su poder económico, político y mediático. Ántero Aspíllaga evitó la destrucción de la hacienda Cayaltí por los invasores chilenos pagando cupos, ´mostrando documentos que mostraban que Cayaltí pertenecía a su principal acreedor, la firma estadounidense Prevost & Co.´ (Gilbert 1982: 114), escondiendo el alcohol y los alimentos de los invasores. En esa circunstancia tres trabajadores chinos se fugaron”, escribe Rendón.
“En los años de 1880 los Aspíllaga siguieron dependiendo de los trabajadores chinos con los que habían trabajado en la hacienda antes de la guerra. En Cayaltí, al igual que en otras haciendas, se explotaba cruelmente, se les pagaba poco a los chinos y estaban sujetos al sistema privado de justicia que administraban los hacendados. Los Aspíllaga tenían una cárcel en la hacienda y se adjudicaron a sí mismos el derecho de encarcelar o azotar a los trabajadores Gonzáles (1978: 186-97) registra varias ocasiones en las cuales los miembros de la familia ordenaron ejecuciones por asesinato, y un incidente de 1875 en el cual un trabajador chino huido fue muerto por una partida de búsqueda de mayordomos de Cayaltí enviada a recapturarlo”.
Y añade: “Los Aspíllaga admitían que sus trabajadores chinos eran ´semi-esclavos´ y que ´se les trataba muy mal´. Sin embargo, estaban dispuestos a justificar sus acciones caracterizando racistamente a los chinos de ´bárbaros´, ´demonios´ y ´semi-humanos´ (Gonzáles 1978: 199-200).
El economista Rendón sostiene que “para la década de 1890 la inmigración china estaba cerrada y Cayaltí recurrió al reclutamiento de trabajadores de la sierra norte mediante el enganche. Las condiciones de trabajo eran mejores, recurriendo a métodos más sutiles y paternalistas, pero con disposición a aplicar violentamente la fuerza cuando fuese necesario”.
En la familia Aspíllaga, una de las figuras más prominentes fue Ántero Aspíllaga, quien fue dos veces senador por Lima y dos veces candidato presidencial civilista, perdiendo con el populista Billinghurst en 1912 y con Leguía en 1919. En 1922 falleció en Europa, noticia de la que dio cuenta el New York Times del día 12 de enero de ese año (ver recuadro).
“Desde luego que la figura de Billinghurst soliviantaba a los trabajadores y a los Aspíllaga les preocupaba que la disminución de la jornada de trabajo a ocho horas y la presión por aumento de salarios llegara a su plantación de Cayaltí. A pesar de perder las elecciones, este incidente demuestra cómo así los Aspíllaga conservaban su poder: En 1913 se llegó a una decisión final sobre una larga disputa de tierras entre Cayaltí y el pequeño pueblo de Zaña, el cual estaba completamente rodeado por la hacienda. La decisión, favorable a los Aspíllaga, motivó un ataque en el pueblo a la propiedad de la familia y a la quema de la tierra en disputa. A pedido de los Aspíllaga, Zaña fue ocupada por el ejército, que impuso el toque de queda y prohibió la venta de licor, la posesión de armas, y proscribió las reuniones públicas. El ejército restableció el orden, pero para ello mató a dos zañeros e hirió a varios otros. Subsecuentemente, el prefecto de Lambayeque archivó un informe sobre lo sucedido, describiendo la acción del ejército como una “masacre” y afirmando que todos los cerros circundantes a Zaña habían sido robados por las haciendas cercanas, especialmente Cayaltí. Ántero vio el informe, y le fue posible reemplazar al prefecto con alguien más favorable a los intereses de los Aspíllaga en menos de una semana (Gonzáles 1978: 74, en base a la correspondencia de los Aspíllaga).
Otro suceso relevante que demuestra el poder e influencia política de los hacendados y terratenientes es este: “En 1919, luego del golpe del 4 de julio de Leguía, hubo una huelga potencialmente violenta en Puerto Eten, donde los Aspíllaga tenían azúcar y alcohol almacenado para embarcar; les siguieron los trabajadores del ingenio azucarero, y en septiembre los cortadores de caña: pedían salarios más altos y precios más bajos para los alimentos. Los Aspíllaga estaban entonces de malas con el poder, pues se habían enfrentado a Leguía. Sin embargo, pudieron gestionar con el prefecto el envío de ochenta hombres armados a Eten con la amenaza de encarcelar a los trabajadores portuarios; concedieron aumentos de salarios a los trabajadores del ingenio y recurriendo, una vez más al prefecto respecto a los cortadores de caña: le pidieron veinticinco hombres armados, éste envío cincuenta y los trabajadores regresaron a trabajar”.
Incluso en el campo monetario, el poder de los Aspíllaga se demuestra en que tenían su propio sistema de monedas. El economista Rendón lo cuenta así: “Hubo una época en el Perú en que a los trabajadores rurales no les pagaban el salario en dinero, sino en monedas producidas por el terrateniente (ver El Perú feudal). Era una moneda que carecía de valor fuera de los dominios de la plantación. Así también ocurrió en la Hacienda Cayaltí de los Aspíllaga. AAHSA significa “Aspíllaga Anderson Hermanos S. A. El terrateniente era así su propio banquero central, con política monetaria privada. Y hasta con su propio sistema de justicia”.
Años más tarde, en 1930 en que surge el APRA, Rendón asegura que este movimiento “estaba presentado problemas a los terratenientes. Desde los periódicos locales se les atacaba duramente”. Los Aspíllaga lo sabían: “en Zaña son todos absolutamente apristas” aparecería en una correspondencia. Luis Aspíllaga escribía a Lima en junio de 1931, previo a las elecciones de ese año: “un pretendido asalto por parte de la peonada de Tumán y Patapo-Pucalá, que repelieron fuerzas bajo el prefecto a la entrada de Chiclayo, con una descarga cerrada de la que dicen hay 11 muertos y otros tantos heridos”. Todo esto, sumado al encarcelamiento de los “cabecillas” y la censura de “El Trabajador”, un periódico de los trabajadores que circulaba en las haciendas, contó con el apoyo de los Aspíllaga” (véase artículo de Rendón en el enlace citado al inicio).
La teoría que maneja Rendón es que los Aspíllaga y la clase terrateniente en general tenían un férreo control de la prensa, que manejaban desde la denominada Sociedad Nacional Agraria”. “Tenemos hasta dos periódicos, La Crónica y La Prensa”, escribía Ramón Aspíllaga en 1934. Aparecían artículos anónimos defendiendo el punto de vista de los hacendados o hacían entrevistas con los periodistas de publicaciones que les eran favorables. Y desde luego, censuraban a quienes tenían puntos de vista opuestos. “La Hora”, periódico lambayecano de tendencias izquierdistas, publicaba artículos de un periodista español que criticaba a los hacendados, particularmente a los Aspíllaga. Éstos hicieron que el prefecto ordenara el cese de la publicación y que el periodista español abandonara la zona (Gilbert 1982: 131).
“Pero la contribución más importante que hizo el gobierno a la supervivencia económica de los Aspíllaga y otros hacendados fue ciertamente la represión al APRA y otros elementos radicales que amenazaban el control que estos ejercían sobre la fuerza laboral” (Gilbert 1982: 131), bajo una especia de “criminalización” de apristas, comunistas y anarquistas, la cual “no era sólo ideológica o por seguridad, sino fundamentalmente económica”.
Posteriomente, ya en tiempos del breve gobierno democrático de José Luis Bustamante y Rivero (llegó mediante elecciones al gobierno con su partido Frente Democrático Nacional) se produce un resurgimiento de la actividad sindical. “El sindicato de Cayaltí se forma 1945 y es reconocido en el Ministerio de Trabajo gracias a la presión del representante aprista por Lambayeque. Los terratenientes tienen que aceptarlo argumentando que era “un mal a tono con la época política y social que atravesamos” (Gilbert 1982: 137).
“Sin embargo, los Aspíllaga están en la primera de la resistencia a Bustamante. Cayaltí era la sede de la Alianza Nacional en Chiclayo. Apoyan a Odría en el golpe de 1958, en su gobierno, en la candidatura única de Odría en 1950. Los Aspíllaga aportan trabajadores (700) de “portátil” para formar parte de las manifestaciones de la Alianza Nacional. Es en este contexto que se da la masacre de Cayaltí de 1950. Como diría Martín Adán, con la dictadura de Odría el Perú vuelve a la normalidad, y también, y sobre todo, para los trabajadores. Los terratenientes les iban a dar una lección y mostrar que eran éstos quienes seguían mandando. Que los trabajadores no se ilusionaran con la democracia, las elecciones, sindicatos, o representantes en el congreso”, concluye Rendón.
Volviendo al tema de la masacre de Cayaltí, resulta sintomático que a pesar de que el hecho ocurrió no hay ninguna “versión oficial”. Además del testimonio oral de los ancianos cayaltileños, de las tesis doctorales citadas, a veces el tema asoma donde menos lo esperamos, como por ejemplo en someras referencias como en una página turística (http://www.lambayeque.net/chiclayo/cayalti/ubicacion/), donde al referirse a Cayaltí señala: “Un pueblo que ha sido escenario de sangrientas acciones de luchas sindicales contra la patronal de ese entonces, asimismo la masacre del año 1950 de triste recordación…”.
No se puede tapar el sol con un dedo, ni tampoco pretendemos una cacería de brujas contra los descendientes de la familia Aspíllaga (a quienes intentamos ubicar en Lima pero sin tener resultados) o contra los efectivos policiales que acataron la orden de ejecución extrajudicial. Es importante que las nuevas generaciones sepan de estos hechos, no para sembrar odios, sino para reflexionar y concluir que la violencia no es el camino para el desarrollo.
Hay quienes opinan que las autoridades competentes deberían buscar los cadáveres que están posiblemente enterrados en algún sector del cerro La Guitarra, pero eso no depende de nosotros, además es una labor difícil.
A sesenta años de esta barbarie exigimos solamente que la verdad salga a la luz, porque “la verdad nos hará libres”. (NCS)
Publicado también en: http://www.semanarioexpresion.com/noti_ver.php?codigo=Z49338U4

jueves, 4 de noviembre de 2010

Destrucción de zonas arqueológicas en Lima



Por Nivardo Córdova Salinas (nivardo.cordova@gmail.com)

Lima, al igual que Lambayeque y todo el Perú, se encuentra asentada sobre restos arqueológicos de las culturas pre-hispánicas que se desarrollaron en los valles de Chillón, Rímac y Lurín. Sin embargo y a pesar de que los nuevos hallazgos ocupan primeras planas noticiosas, cientos de monumentos arqueológicos han sido destruidos en las últimas décadas debido a la expansión urbana, el desconocimiento de las autoridades del Estado y municipios y hasta las restauraciones forzadas con fines turísticos.
Lima no sólo es la ciudad de los balcones, conventos y casonas solariegas. Es también el fruto de más de 5 mil años de ocupación humana a lo largo de su territorio. Se han registrado en Lima vestigios del período formativo (8 a 10 mil años A.C) como por ejemplo el taller lítico de Chivateros en el valle del río Chillón, considerado uno de los “hombres peruanos” más antiguos y el primer que fabricó artefactos de piedra para cazar. También hay restos de templos religiosos como Puruchuco (Ate) y Pachacámac (en Lurín) este último considerado el oráculo más prestigios de la costa peruana y que fue utilizado incluso hasta tiempos del incanato. Lo cierto es que en todos los actuales distritos de Lima hay restos arqueológicos como huacas, tambos, palacios, caminos, canales de regadío y restos de ciudades.
Como muestra de esto, la semana pasada la arqueóloga Isabel Flores Espinosa realizó un importante hallazgo en la cúspide Huaca Pucllana (distrito de Miraflores): Una tumba con cuatro momias, de la cultura Wari y que data aproximadamente del año 850 de la era cristiana. No es la primera vez que se registran este tipo de hallazgos en Lima.
Según información de la agencia nacional Andina, este es el primer entierro intacto no profanado por huaqueros en Huaca Pucllana. En el contexto funerario se aprecia una momia adulta como personaje principal y tres menores; dos en el interior de la tumba y otro ubicado en la esquina sudoeste. Asociados a los fardos hay dos grupos de ofrendas entre las que destacan una bolsa textil con agujas, así como cabezas postizas, vasijas, calabazas y maíces.
La arqueóloga Isabel Flores indicó que este entierro tiene todas las técnicas Wari. “El personaje está en cuclillas, lo protegen con sus vestimentas y algodón hasta darle forma troncocónica. Cuando lo terminan de enfardar es protegido con una red de juncos y en la parte superior le colocan una falsa cabeza de tela con la cara pintada.”
Los resultados completos del hallazgo de las cuatro momias ubicadas en la huaca Pucllana se anunciarían en el segundo semestre de 2011, posiblemente con una exhibición especial, afirmó la directora del proyecto arqueológico de excavaciones en la huaca, Isabel Flores. Este hallazgo nos lleva a la pregunta: ¿cómo era la Lima pre-hispánica?
LIMA PRE-HISPÁNICA
Los estudios arqueológicos sobre Lima prehispánica son numerosos, desde los aportes de Max Uhle y Julio C. Tello hasta nuestros días. Incluso historiadores renombrados como Raúl Porras Barrenechea –catalogado como “hispanista”- insistieron en proclamar “la raíz india de Lima”. La información es abundante y urge la tarea de sistematizarla. Según la historiadora María Rostworoswski de Diez Canseco (1978), en un documento publicado en http://sisbib.unmsm.edu.pe/exposiciones/fundlima/limaprehisp/tambos2a.htm, la organización política que existía en la Comarca de Lima y zonas aledañas durante tiempos pre-Incas, fue la siguiente:
Al norte existía el Señorío de Huaura, cuyo curaca gobernaba también los valles de Barranca y Chancay; al sur el Señorío de Chuquimanco, que comprendía los valles de Mala, Omas, Chilca y Cañete, el antiguo Huarco; al nor-este el Señorío de los Atavillos, que se extendía desde las sierras de Cajatambo hasta las de Canta, inclusive; al sur-este el Señorío de las siete Guarangas de Huarochirí, que ocupaba las serranías de Cañete hasta Canta. En la Comarca de Lima gobernaban los Señoríos de Ichma y Colli, abarcando el primero el valle de Lurín y la parte baja del de Lima y el segundo la cuenca del río Chillón, desde Quivi hasta el mar.
Hay autores que afirman que en la época existió el Señorío de Cuismanco (Del Busto 1978 b), cuyos dominios comprendían los valles de Chancay, Chillón, Rímac y Lurín. Asimismo el Señorío de Colli estaba gobernado por el Colli Cápac y tenía su sede en una población llamada hoy Pueblo Viejo, situado cerca de la fortaleza de Collique (al norte de Lima en el actual distrito de Comas). El Señorío abarcaba varios pequeños entes políticos y grupos étnicos, como los curacazgos de Quivi, Chuquitanta, Guarauni, Macas y Sapan, pertenecientes estos tres últimos a la etnia de Guancayo. Las poblaciones de los Colli fueron numerosas, destacándose en la parte alta los de: Macas, Zapan, Chacas, Huanchipuquio y Punchauca. En la parte baja del valle el Señorío abarcaba los actuales distritos de Carabayllo, Puente Piedra, Ventanilla, Callao, Comas e Independencia y tenía muchos centros poblados, tales como Carabayllo, Zapallal, Collique (donde se encontraba el centro ceremonial, la fortaleza y la sede del curacazgo), Comas, Pro, Con Con, Chuquitanta y Oquendo.
Según el citado informe, la parte baja del valle del Rímac, perteneciente al Señorío de Ichma, estaba organizada en varios pequeños curacazgos cuyos territorios, según Maria Rostworowski (1978), se ubicaban de acuerdo al sistema de canalizaciones existente, siguiendo el curso del canal o acequia encomendado a su cuidado. Los curacazgos fueron los de: Sulco, Guatca, Lima, Maranca y Callao.
El curacazgo de Sulco se extendía a lo largo de la canalización del Rímac que se inicia cerca de Ate o Vitarte y da lugar al llamado río Surco, comprendiendo casi toda la extensión de los actuales distritos de El Agustino, San Luis, Surco, Surquillo, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Las poblaciones más importantes del curacazgo deben haber sido Campoy, Vásquez, La Calera y Marca Wilca o Armatambo.
El curacazgo de Guatca seguía el curso de la acequia que lleva el nombre de río Huatica y que se origina en la toma situada en el estrechamiento del cauce del Rímac que se produce entre las antiguas haciendas Zárate y Vicentello. Sus territorios ocuparon parcialmente los actuales distritos de Lurigancho, El Agustino, Lima, La Victoria, Jesús María, Lince, San Isidro, Surquillo y Miraflores y sus pueblos debieron estar ubicados en las adyacencias de los restos arqueológicos que se encuentran en El Agustino, Balconcillo, Guatca, Limatambo, Mango Marca, Huringancho, Santa Cruz y en los alrededores de la Huaca Juliana o Pucllana.
El curacazgo de Lima extendía sus tierras en torno del cauce de la acequia llamada posteriormente de la Magdalena, la que se originaba en una toma ubicada detrás del actual Palacio de Gobierno. Los límites territoriales del cacicazgo llegaban por el suroeste hasta el mar y es posible que por el noroeste, es decir por la banda derecha del río, abarcaran lo que hoy son los distritos de Lurigancho y el Rímac, así coma la pampa de Amancaes. Por tanto, el Curacazgo tomaba parte de los actuales distritos de Lurigancho, Rímac, San Martín de Porres, Lima, Breña, Pueblo Libre, Magdalena del Mar y San Miguel. Su sede de gobierno era el pueblo de Lima, ubicado en el sitio que hoy ocupa la Plaza de Armas y alrededores, y tenía otros asentamientos junto a la huaca ubicada cerca de la iglesia de Santa Ana, en Chuntay, junto a la iglesia de San Sebastián, en lo que hoy es Pueblo Libre y en las inmediaciones de la Huaca Huantilla.
El curacazgo de Maranca o Maranga era irrigado por dos importantes ramales del río de la Magdalena, el que a la altura del Molino de Montserrat se divide en tres grandes acequias; la primera de ellas, a la que ya nos hemos referido, regaba los dominios del curaca de Lima y los otros dos, que se dirigían al suroeste, los territorios de los Chayavilca, señores de Maranga. El curacazgo tenía tierras en los actuales distritos de Lima, Breña, La Legua, Bellavista, Callao, San Miguel y Pueblo Libre. Es posible que su jurisdicción se haya extendido por la margen derecha del río Rímac, a través del actual distrito de San Martín de Porres. Los pueblos más importantes de los Maranga deben haber estado situados en Mateo Salado, Pando, Maranga, la sede principal, Tres Palos y Huantina Marca. En la banda derecha del Rímac las poblaciones deben haber sido, entre otras, Palao y San Roque.
El curacazgo del Callao ocupaba el litoral de ambas márgenes del río, o sea los distritos actuales de Callao, Bellavista y La Perla. Dada que la ocupación de los pobladores del curacazgo era exclusivamente la pesca, sus principales asentamientos tienen que haber estado necesariamente sobre la costa, conociéndose acerca de dos de ellos. Piti Piti Viejo, ubicado en el actual Chucuito, fue probablemente la sede de gobierno pues en sus inmediaciones había una huaca que debió ser el adoratorio del Centro Religioso del Curacazgo. El otro pueblo se llamó Piti Piti Nuevo y estuvo situado cerca de la desembocadura del río Rímac, siendo sus pobladores pescadores de agua dulce. Es posible, asimismo, que haya existido otra población en el distrito de Bellavista, sobre la avenida Venezuela y a corta distancia del Ovalo Saloom, pues en dicho sitio se encontraba hasta hace unas décadas una importante huaca. La otra parte del Señorío de Ichma está constituida por el valle de Lurín y comarcas aledañas, extendiéndose su jurisdicción hasta territorios altos situados en zonas Chaupiyungas.
La sede del curacazgo y del poder religioso de Ichma fue la ciudad de ese nombre, más tarde llamada Pachacámac, que debió tener una numerosa población asentada en los alrededores del recinto amurallado del Centro Religioso. Otros pueblos de importancia en el valle de Lurín, que a juzgar por los restos arqueológicos debió ser densamente poblado, se situaban en ambas márgenes del río y son conocidos por los nombres de Maracuyá, Pampa de Flores, Jacinto Grande, Mal Paso, Molle, Manchay Alto, Huaycán, Chontay y Avillay.
DESTRUCCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LIMA
El antropólogo José Joaquín Narváez Luna es uno de los autores que ha investigado y documentado el “arrasamiento” de zonas arqueológicas en Lima a lo largo del siglo XX., en su estudio titulado “La destrucción del patrimonio arqueológico en el valle del Rímac-Perú”, publicado en http://www.naya.org.ar/congreso/ponencia3-3.htm
“En el valle bajo del río Rímac, donde ahora se encuentra ubicada la ciudad de Lima, capital de la República del Perú, se dio en tiempos prehispánicos una larga y compleja sucesión de ocupaciones humanas que dejaron las evidencias de su presencia en los numerosos sitios arqueológicos que se encuentran ahora dentro del casco urbano de la moderna ciudad. Sin embargo, tan valioso patrimonio arqueológico ha venido siendo destruido desde el arribo mismo de los españoles, durante toda la Colonia y comienzos de la República por obra de las grandes haciendas que se distribuían en el valle. Pero será en el siglo XX cuando ocurrirán los peores destrozos debido a la expansión urbana moderna de la ciudad, especialmente a partir de la década del 40”, afirma
Anota que la apariencia del valle bajo del Rímac en la actualidad es radicalmente distinto a la que tenía hace sólo 50 años. “El crecimiento explosivo poblacional de la ciudad se puede ver en cifras: según el censo de 1940, Lima albergaba a 645,172 habitantes; en 1961 la cifra se triplicó a 1'652,000 habitantes, en 1972 se quintuplicó a 3'302,523, en 1981 el volumen fue siete veces mayor, 4'492,260 (Matos Mar 1988: 72). El censo de 1993 arrojó nada menos que 5'706,127 personas. Esta expansión de Lima desde su núcleo original arrasó a su paso muchos monumentos arqueológicos que se erigían en el valle bajo del Rímac”, explica.
Narváez Luna plantea que fueron cinco formas de destrucción de los monumentos arqueológicos del valle de Lima de los últimos 50 años: destrucción por urbanizadoras (especialmente entre las décadas del 40 y el 60); destrucción por el estado y municipios (al construirse obras de carácter público); por invasiones, y al reconstruirse sitios arqueológicos para habilitarlos al turismo.
En cuanto a la “voracidad” de las urbanizadoras, el caso más representativo es el de Huaca Pucllana (donde se acaban de hallar las tumbas Wari), pirámide de 30 metros de altura ubicada en Miraflores y perteneciente al Intermedio Temprano-Horizonte Medio 1 y a la cultura Lima o Maranga.
“Pucllana sufrió daños desde la Colonia al ser huaqueada y utilizada como atalaya para el avistaje de piratas. En 1854 sirvió de parapeto durante la batalla de La Palma entre Rufino Echenique y Ramón Castilla quienes se disputaban el poder y durante la batalla de Miraflores entre los ejércitos peruano y chileno durante la Guerra del Pacífico en 1883 (Ravines, 1985:74)”, afirma. Sin embargo, escribe Narváez, los mayores destrozos ocurrieron cuando la Compañía Urbanizadora Surquillo lotizó completamente el sitio y lo vendió en parte entre 1930 y 1965 al amparo de resoluciones del Ministerio de Fomento y Obras Públicas (ver fig. 1). Con grandes maquinarias demolieron amplios sectores de la parte baja del monumento, destruyendo plataformas, plazas, recintos, etc. La enérgica intervención del Patronato Nacional de Arqueología pudo detener los destrozos aunque gran parte del sitio había quedado afectado. Abandonada por mucho tiempo, en 1982 por iniciativa de la Municipalidad de Miraflores se inició la recuperación del monumento con extensas excavaciones a cargo de la Dr. Isabel Flores quién aún prosigue los trabajos de investigación en el sitio. Actualmente, Pucllana es buen ejemplo de conservación y puesta en valor de un sitio arqueológico”.
Si bien Pucllana, a pesar de los grandes destrozos, pudo salvarse, otros monumentos arqueológicos no tuvieron mejor suerte. Según un estudio que Narváez efectuó en 1994, “a la fecha sólo se conserva el 27% de los monumentos arqueológicos existentes en 1944 en los distritos de Lima (Industrial), Breña, San Miguel, Pueblo Libre y Magdalena del Mar”. Otro caso ocurrió en 1943, año en que se demolió la pequeña huaca llamada San Isidro, situada entre la Huaca Pan de Azúcar y el Golf de San Isidro, a solicitud de la sucesión Luisa Paz Soldán de Moreyra (Ravines, 1985: 74).
En cuanto a la destrucción por el Estado y municipios, está el caso de la destrucción de la Huaca Concha durante la remodelación del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo Las invasiones y asentamientos humanos modernos en zonas arqueológicas se han dado por ejemplo en Armatambo (cerca al Morro Solar en Chorrillos), Cerro La Regla y Garagay (San Martín de Porres), Pampa de Cueva (Independencia), Canto Chico y El Sauce (San Juan de Lurigancho), Huaquerones (Ate-Vitarte), Villa el Salvador y El Ferroviario (Villa el Salvador), etc.
Este tema lleva a Narváez a una reflexión final: “¿Por qué en un país donde el discurso oficial, desde la fundación de la República enaltece el pasado prehispánico y la riqueza de su Patrimonio Arqueológico, ocurren tan masiva destrucción de dicho Patrimonio? Más aún, ¿Por qué si existe desde la Independencia una serie de leyes que protegen el Patrimonio Arqueológico y normas legales que sancionan a los destructores en la práctica en muy pocas ocasiones se sanciona a tales destructores y en cambio la mayoría de los casos quedan en la más completa impunidad?. Da la impresión de haber por un lado un discurso oficial, que es compartido en mayor o menor grado por los miembros de la nación, y por otro lado un comportamiento radicalmente distinto. Y es que la nación ha hecho un uso oportunista del Patrimonio Arqueológico Nacional. Es muy útil cuando se trata de reforzar en algún momento los sentimientos de nacionalidad, de regionalismo y de identificación y unidad nacional, si así el momento político lo requería. Pero no se titubeó en destruirlo cuando se interponía en las grandes obras públicas y privadas o en las obras de carácter electoral, sea por parte del gobierno central o los gobiernos locales”.
El problema que surge para Narváez es que se están dando nuevas leyes que legitiman la destrucción del patrimonio, por ejemplo los Decretos Supremos Nº 028-97-PCM y el 017-98-PCM, que pretenden regularizar la situación de las poblaciones que ocupan zonas arqueológicas para darles títulos de propiedad; asimismo la ley Nº 26961, "Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística" en la cual se entiende a los sitios arqueológicos como "Zonas de Potencial Turístico" y ya no como Patrimonio Cultural considerándosele solamente como un mero producto económico, y el Decreto Supremo Nº 008-98-AG “con la cual se transfieren terrenos eriazos al Sector Privado para desarrollo agrícola, así contengan sitios arqueológicos, frente a los cual el INC sólo tendría quince días para pronunciarse sustentado su posición con planos perimétricos, memorias descriptivas y ubicación de coordenadas UTM, cuando en la mayoría de los casos no existen dicha información para los sitios conocidos y menos aún para los sitios desconocidos, y que evidentemente se encuentran en zonas eriazas”. (NCS)